AP4911 PSOE 1982: 40 AÑOS DESPUÉS

     ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 49, dic. 2022- enero 2023

PSOE 1982: 40 AÑOS DESPUÉS

Hace 40 años el PSOE llegó al poder y puso en marcha unas medidas relevantes, muchas de ellas de tinte socialista democrático. Sin embargo, los sindicatos, que habían aceptado la contención de los salarios, se vieron luego defraudados por una política cada vez más neoliberal y de espaldas a los trabajadores. La conmemoración de ahora puede servir para renovar el propósito de una transformación social verdaderamente justa

El rotundo triunfo electoral obtenido por el PSOE, el 28 de octubre de 1982, marcó el devenir de nuestro país en la década de los ochenta y primera mitad de los noventa, tanto en términos políticos, económicos, como sociales. El triunfo indiscutible generó una redoblada ilusión, una creciente esperanza y muchas expectativas que, si bien no fueron todas cumplidas, representaron un serio avance en la modernización del país y en la consolidación de la democracia, lo que además contribuyó, en buena medida, al ingreso posterior de España en la Comunidad Económica Europea.

En todo caso, las medidas que el PSOE postuló en su programa electoral fueron muy relevantes. En primer lugar, se primó la recuperación de la “memoria histórica”, lo que puso en valor las enseñanzas y logros alcanzados por las luchas del movimiento obrero a través de su dilatada historia. En segundo lugar, se defendió la centralidad y el derecho del trabajo en un contexto democrático, frente a los intentos de reforzar los poderes fácticos: fuerzas del capital, empresarios y poder mediático. Y, finalmente, se recogieron las aspiraciones y alternativas de la socialdemocracia europea, en un contexto, todavía, de guerra fría y fuerte militancia anticomunista, a pesar de que en España el Partido Comunista (PCE) se había desmarcado hacía tiempo de la línea pro soviética, y en la dictadura había sido el principal partido de oposición al régimen franquista.

Efectivamente, y esto fue lo más importante, se defendieron, con el mayor rigor posible, las ideas del socialismo democrático. En concreto, se apostó decididamente por el pleno empleo y la protección social y, en definitiva, por una política redistributiva que respondiera con eficacia a las necesidades de los más débiles, además de representar un importante avance en la necesaria modernización económica y en los servicios públicos (sanidad y educación). Otros asuntos, también relevantes, tuvieron que ver con la defensa de los valores republicanos (aunque ello significara aceptar la monarquía constitucional), el laicismo y la descentralización territorial en la perspectiva futura de un estado federal.

En aquel entonces, las mencionadas ideas se identificaban con una política económica que tuviera como prioridad el pleno empleo: un empleo de calidad con derechos y respetuoso con el medio ambiente; un sector público empresarial estratégico como un instrumento eficaz de la política económica del gobierno; una adecuada política de inversión pública, sobre todo en periodos de obsolescencia del aparato productivo y en contextos económicos recesivos; una política fiscal basada en la progresividad, la lucha contra el fraude fiscal, los impuestos directos (no los indirectos) y, desde luego, en la modernización del aparato impositivo del Estado; una protección social avanzada que creara y garantizara un sistema público de pensiones dignas, la prestación social por desempleo y una cobertura económica suficiente para las personas dependientes; y, por último, unos servicios públicos gratuitos y de calidad contrastada (sanidad, educación y servicios sociales), enmarcados en una profunda reforma de las administraciones públicas.

En el desarrollo y aplicación de estas políticas, ampliamente apoyadas socialmente, así como por otras fuerzas políticas, se produzco un fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Felipe González y los sindicatos. Un desacuerdo previsible entre un partido interclasista en el gobierno y las organizaciones de clase. Los motivos de este enfrentamiento tuvieron mucho que ver con un hecho real y constatable: los sindicatos se sintieron incomprendidos —cuando no traicionados– al no ser correspondido por el gobierno el esfuerzo de corresponsabilidad realizado por los trabajadores, en un contexto económico particularmente difícil. Desde luego, en el contexto de una democracia débilmente asentada, el gobierno cedió a la presión de la derecha económica y de los grupos de presión, lo que frenó excesivamente las necesarias reformas, incluso desde la perspectiva de las democracias europeas.

Foto en blanco y negro de una multitud de gente

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Debemos recordar que los sindicatos aceptaron, después del triunfo electoral del PSOE, con lealtad, un duro ajuste industrial y de salarios justificado por la crítica situación de la economía española, esperando recuperar más tarde una parte de los beneficios que se generarían por un mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, eso no ocurrió y, además, se comprobó que en el gobierno predominaba un enfoque neoliberal que mantenía una permanente demanda de contención salarial y planteaba duras propuestas que chocaban con las reivindicaciones sindicales: los incumplimientos del Acuerdo Económico y Social (AES); los continuos llamamientos a la moderación salarial; la desnaturalización jurídica de la contratación indefinida y el abuso sistemático de la contratación temporal; el desplome de la protección por desempleo; la privatización de importantes empresas públicas; el paulatino desmantelamiento de la banca pública y la desnaturalización de las cajas de ahorro; la durísima reconversión industrial; así como la reforma de la Seguridad Social, en el año 1985, encaminada a recortar las pensiones; y, finalmente, el referéndum de la OTAN en 1986. Todos estos hechos fueron motivos relevantes de grave confrontación.

Además de estas medidas impopulares, lo que preocupaba a los dirigentes sindicales era el tono con el que eran tratados los sindicatos en las altas esferas del gobierno: la visión creciente de los sindicatos como organizaciones opuestas al progreso social y como grupos de presión en defensa de intereses corporativos a los que había que limitar su capacidad de acción. Se postuló, en definitiva, una “socialdemocracia sin sindicatos”, como si eso fuera posible. Todo ello se unía a un discurso sobre el fin de la clase trabajadora en un mundo posindustrial, y se defendía que las clases medias profesionales abandonaran la alianza con una clase obrera superada, según este relato, por los nuevos acontecimientos.

Indudablemente, la situación había mejorado en la segunda mitad de la década de los ochenta. En España, en esa etapa, se vivían momentos de recuperación y de relanzamiento económico, que fue posible, fundamentalmente, gracias al sacrificio de los trabajadores. Efectivamente, según el Informe Anual del Banco de España, del año 1988, la economía creció el 5,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, y esto es lo que resultaba más chocante, se continuaba exigiendo la reducción de salarios y se achacaba a estos todos los males de nuestra economía: particularmente el aumento de la inflación. Además de precarizar el empleo y flexibilizar el mercado de trabajo, la última medida laboral para los jóvenes fue una muestra más de esta afirmación, que se concretó en el regresivo Plan de Empleo Juvenil (PEJ).

Esto justificó, sobre todo, que los sindicatos de clase encabezaran la contestación obrera reivindicando el reparto de una parte de los beneficios que se estaban generando en esos momentos por un mayor crecimiento de la economía: la exigencia del “giro social”, como compensación de la “deuda social” contraída con los trabajadores desde años atrás. La contestación sindical, concretada en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, se hizo eco incluso en el ámbito internacional y contó con el apoyo expreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).

Para entender mejor este enfrentamiento, debemos recordar que el PSOE, en su congreso extraordinario, celebrado en el año 1979, tomó la decisión de abandonar el marxismo y, en coherencia con ello, desde esa fecha se declara partido interclasista, con lo que ello significaba y sigue significando en su relación con los sindicatos. Este congreso, incluso, condicionó en la práctica el modelo de partido al supeditar la organización partidista al marketing político y al líder carismático. En definitiva, se supeditaron las ideas a la personalidad y a la decisión del secretario general, que tuvo su culminación final en el establecimiento de elecciones “primarias”, con el propósito fallido de mejorar la malparada democracia interna. No es extraño que, en su momento, se constituyera como corriente de opinión Izquierda Socialista y que, después, el PSOE tuviera dificultades a la hora de sustituir al todo poderoso Felipe González. Tampoco resulta extraño que, actualmente, se reivindique por muchos militantes recuperar el espíritu crítico y mejorar el funcionamiento del partido para participar más eficazmente en el tejido social, con una clara voluntad de fomentar el debate interno, la rendición de cuentas de sus dirigentes y la toma de decisiones de abajo arriba (democracia delegada).

En cualquier caso, y para muchos, las elecciones del 28 de octubre de 1982 representaron el final de la transición de la dictadura a la democracia. Por lo tanto, se las puede considerar, en términos históricos, políticos y sociales, unas elecciones especialmente relevantes. En coherencia con ello, esta reflexión pretende analizar, de manera más equilibrada, lo acontecido en unos momentos tan trascendentales de nuestra historia reciente. Y, lo que es más importante, se pretende que los hechos ocurridos en este periodo sean una referencia obligada en la aplicación de una política progresista y que, en todo caso, sirvan de ejemplo a seguir en la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Partamos de un principio básico: con estas políticas se pueden ganar unas elecciones porque comprometen y movilizan mucho más a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin necesidad de recurrir a políticas de centro –siempre equidistantes y acomodaticias–, que nunca generan ilusión en el electorado (“tercera vía”), porque mantienen sin cambios las injusticias y los déficits sociales de nuestra democracia, apenas maquillados por un crecimiento económico inestable y desequilibrado. Además, son las políticas más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en la actualidad (batalla ideológica), y desde luego las más eficaces para defender a los más desfavorecidos por la crisis; precisamente a los que se debe dirigir una política de izquierdas claramente diferenciada de las rancias recetas ya fracasadas que nos sigue ofreciendo el neoliberalismo. Todo ello requiere una fuerte convicción a la hora de defender las ideas del socialismo democrático y del llamado Estado de Bienestar Social. No debemos olvidar que, desde el centro político, nunca se ha fomentado la conciencia social ni se han defendido políticas progresistas…

Cuarenta años después de esta emblemática fecha, el PSOE sigue presidiendo el Gobierno de la Nación. En esta ocasión, lo hace en coalición con Unidas Podemos (UP) y, por lo tanto, se adentra en la fase final y más importante de la presente legislatura. Los retos son mayúsculos: desarrollar los PGE-2023; gestionar eficazmente las cuantiosas ayudas de la UE; luchar decididamente contra la inflación; gestionar el problema catalán, sin concesiones inasumibles para la mayoría; fortalecer los servicios públicos; dar solución al problema de la vivienda (sobre todo de los jóvenes); combatir la corrupción y el despilfarro persistente; abordar a fondo el fraude fiscal congénito; así como profundizar en las libertades; abordar el cambio climático (calentamiento global); y preparar las elecciones del próximo mes de mayo y las generales de finales del año 2023.

En todo caso, nada será fácil, porque las derechas siguen contando con importantes apoyos económicos, financieros y mediáticos. Según las encuestas más optimistas, para responder a estos desafíos con éxito será imprescindible contar con la participación de UP en el Gobierno, y con que esta formación política alcance unos resultados estimables en las futuras elecciones generales. Por eso es urgente que las diferencias actuales entre Unidas Podemos y Yolanda Díaz se superen a la mayor brevedad posible y que, en coherencia con ello, los partidos a la izquierda del PSOE acudan todos unidos a las próximas elecciones. Está en juego el gobierno de la Nación con lo que ello significa para todos y para la consolidación de nuestra propia democracia ante la actitud reaccionaria y hostil de la derecha más ultra.

Además de todo ello, es imprescindible acrecentar la movilización social de los partidos y de sus militantes. Ello exige también fomentar la participación, el debate y la toma democrática de decisiones. Por ejemplo, no es posible aceptar que la militancia de izquierdas haya estado al margen de las recientes decisiones relacionadas con la reconsideración del delito de sedición e, incluso, de la malversación de fondos, a propósito del conflicto catalán, o que los militantes del PSOE no participaran en su día en la polémica decisión sobre el Sahara. En todo caso, en la actualidad siguen vigentes las aspiraciones de cambio con el propósito de defender a las personas más vulnerables. También son una realidad, como pronosticaba Tony Judt, las preocupaciones e inquietudes de muchos ciudadanos dispuestos a recuperar los valores progresistas, las ilusiones y la utopía, con avances y retrocesos en el camino emprendido, pero convencidos de que, en el futuro, las ideas socialistas nos depararán nuevos logros que hoy nos parecen lejanos.

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